La institución registral encuentra su fundamento histórico en la necesidad de brindar seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad inmobiliaria, así como el crédito conferido con garantía de la propiedad de las fincas urbanas y rústicas. Permite conocer los gravámenes que pesan sobre las mismas y evita con ello posibles fraudes. A través de un registro público, las personas interesadas en realizar actos jurídicos relacionados con los inmuebles, se informan de la libre disposición de su propietario y si aquellos soportan alguna carga.